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NO AL TTIP

La Unión General de Trabajadores denuncia la “Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión” (TTIP en sus siglas en inglés). Es un acuerdo concebido a la medida de las necesidades de las multinacionales y los grandes grupos empresariales, que antepone los intereses económicos de las grandes corporaciones a los derechos de los trabajadores.

Este “Acuerdo” lleva negociándose desde 2013, a espaldas de los ciudadanos y con barreras de acceso a la información incluso para los europarlamentarios/as, que representan a los millones de ciudadanos europeos que les han votado en sus respectivos países.

Ya en el último lustro del pasado siglo, los lobbies económicos, participados y financiados por las mismas multinacionales que hoy serían las principales beneficiarias del TTIP, pretendieron que los gobiernos europeos asumiesen el “Acuerdo Multilateral de Inversiones” (AMI), que buscaba, quizás con palabras distintas, los mismos objetivos que el TTIP. Cómo sería de pretencioso y brutal aquel AMI, que hasta el Gobierno presidido por Aznar en 1998 rehusó aprobarlo. El AMI no vería la luz, pero lo siguen intentando.

El TTIP, como los demás acuerdos bilaterales y/o multilaterales transfronterizos que se han firmado, busca dar una salida al gran problema que está en el origen de la crisis sistémica que venimos padeciendo desde 2008: los mercados se han saturado y las empresas no son capaces de mantener el incremento de sus tasas de beneficio, por tanto buscan negocio; hasta ahí normal. El problema es que la solución para los intereses empresariales, con la connivencia de los gobiernos, está siendo simple y cruel para los pueblos; reducir al mínimo la remuneración de los trabajadores; aunque sea a costa de llevarles al umbral de la pobreza y a la pobreza  misma. La solución la ven en exigir a los gobiernos bonificaciones y reducciones fiscales aunque sea mutilando y poniendo en riesgo el Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia. Alimentan la insaciabilidad del Mercado privatizando empresas y servicios públicos para trasvasar riqueza de lo público a lo privado, etc.

Es para poder mantener su tasa de beneficio para lo que las patronales reclaman “reformas estructurales”; un eufemismo para no decir a las claras que necesitan que les adapten la ley a sus necesidades económicas; en España, en materia laboral, lo hemos visto y lo estamos sufriendo desde la introducción de las reformas laborales de 2010 y 2012.

El TTIP marca una serie de obligaciones entre las partes que, en caso de aprobarse, se verían beneficiados los intereses empresariales de las multinacionales y grandes corporaciones estadounidenses y europeas. Los gobiernos se verían obligados a cambiar las leyes nacionales y trasponer las directivas europeas que se adaptarían en base a los objetivos marcados en el TTIP.

Se pretende rebajar el nivel de exigencia de la legislación europea en materia laboral, medioambiental y de protección de la salud. Quienes avalan la negociación y firma del TTIP, piden la desregulación para el uso de productos químicos, tóxicos, transgénicos, hormonas para el crecimiento, pesticidas, así como de los controles de seguridad alimentaria tales como el etiquetado de los productos, por poner algunos ejemplos.

Se trata de un nuevo avance en la desprotección de los servicios públicos, para continuar en la senda de la privatización. Esto constituye en si mismo la demolición de las políticas de igualdad y cohesión social, como ya está ocurriendo en nuestro país. El TTIP, socava esas políticas de igualdad y cohesión social como basamento fundamental de la democracia.

La legislación sobre los servicios públicos es potestad de cada Estado miembro de la UE. Con el TTIP, esta potestad quedaría subordinada a los compromisos adoptados en el acuerdo. De hecho, se están poniendo en cuestión principios básicos de la democracia y la soberanía de los estados al concederse una mayor protección legal a las grandes empresas frente a los ciudadanos y a los propios gobiernos. Y esto ocurre por un mecanismo que forma parte del TTIP conocido como “convergencia regulatoria”, y que supone que debe armonizarse la normativa para todo tipo de bienes, servicios e inversiones. Esta convergencia atenta contra la democracia al dar poder a las grandes multinacionales para intervenir leyes y/o normas aprobadas por los parlamentos.

Por eso cada Estado deberá, si la negociación continúa adelante, ratificar el acuerdo en sus respectivos Parlamentos, pues estaríamos realizando una nueva cesión de soberanía; en esta ocasión en materia de servicios públicos, entre otras cosas.

La osadía de los propulsores del TTIP se redondea con los instrumentos contenidos en el acuerdo, como lo es la “convergencia regulatoria” ya citada, para el caso de discrepancia en la aplicación del acuerdo. Introducen mecanismos extraños a los criterios judiciales europeos, para preservar los intereses de las grandes corporaciones frente a los estados; me refiero a los “tribunales especiales”, a través de los cuales las grandes empresas podrían demandar a los gobiernos con el objetivo de cuestionar regulaciones que garanticen derechos sociales, laborales o de protección del medioambiente.

A este respecto, me permito recordar aquí la opinión manifestada el 12 de junio de 2015 por la Asociación de Jueces para la Democracia, opinión jurídica muy fundamentada: “…,lo que significa este Acuerdo es la ausencia de sanciones contra abusos empresariales o la privatización de servicios públicos.”

El 9 de junio del pasado año, las confederaciones de UGT y CCOO remitieron una carta a los grupos parlamentarios europeos, manifestando su rechazo al “ mecanismo de resolución de controversias”. Hoy, la UGT queremos denunciar y clarificar lo que conlleva este acuerdo entre Europa y los Estados Unidos.

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