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Más cambios en favor de la minoría

Para la minoría social, quienes viven de las rentas del capital, la crisis económica está siendo la gran excusa para avanzar, a pasos agigantados, en su obsesión por abaratar los costes laborales. Dicho de otro modo: aumentar la explotación de los trabajadores.

El nuevo Gobierno, que aún sin estar formado ni su Presidente investido ha estado gobernando desde los despachos del PP, solo trae medidas de ajuste contra los que vivimos de un salario, sea nuestro empleador privado o público. Más de lo mismo pero más profundo.

 

En nuestro país se han aplicado muchas reformas laborales, todas ellas encaminadas a bajar el coste de la mano de obra. Todas han tenido en común la “estética” de estar dirigidas a crear empleo, pero ninguna de ellas ha alcanzado el objetivo declarado. Sin embargo si han conseguido precarizar el empleo, han frenado el incremento del poder adquisitivo de los sueldos y han dotado de flexibilidad a los empresarios para organizar el trabajo.

 

Se puede decir que en España hay un desempleo crónico cuyo suelo estuvo en los 2 millones de desempleados y su techo está hoy en los 5 millones, en términos de Encuesta de Población Activa (EPA). El desempleo no ha bajado del 8% ni en los años de mayor esplendor económico. Por tanto, el problema no es la flexibilidad en la contratación, ni las condiciones de trabajo, ni el coste del despido.

 

No hay una solución mágica, ni tampoco es uno sólo el factor que sería necesario barajar para encontrar la solución. Desde la Unión General de Trabajadores (UGT), se ha dicho y explicado a lo largo de estos últimos dos años que España necesita un cambio de modelo productivo.

 

España hizo una reconversión severa en los años ochenta. Se desmanteló la industria heredada del franquismo, una industria obsoleta y poco competitiva. La alternativa fue el sector servicios. No hubo término medio, no se buscó salvar los puntos fuertes de nuestra producción industrial e invertir en ellos. Esto no es un error exclusivo de los gobernantes, también lo es de los empresarios.

 

Para crear empleo hay que invertir en producir que es lo que ha caracterizado al liberalismo a lo largo de los tres últimos siglos. La inversión productiva es lo que ha creado avance social y riqueza. Pero en las últimas tres décadas, el capital ha decidido invertir especulativamente y buscar la rentabilidad fácil y rápida, sin reparar en sus consecuencias. El capital ya no quiere asumir riesgos empresariales.

 

La inversión puede ser pública o privada. Para que sea pública, el Estado debe tener ingresos suficientes para mantener los servicios sociales, y para investigar y desarrollar la ciencia y la tecnología. Esta es una solución a largo plazo. El problema es que el capital privado no quiere invertir, ni tampoco tributar. Si no se tributa y el Estado no dispone de capital para invertir hoy, están hipotecando el futuro.

 

La economía se ha colapsado y pretenden mantener la tasa de beneficio a costa de los trabajadores. Esta es la única conclusión a la que podemos llegar, vista la involución de los derechos de la Mayoría Social.

 

Vienen con más reformas de la negociación colectiva o, lo que es lo mismo, del contrato colectivo que suponen los convenios, en los que se establecen nuestras condiciones de vida y trabajo.

 

Para poder introducir estas reformas con facilidad, se ha pretendido debilitar a las organizaciones sindicales, una vez que han deteriorado profundamente las organizaciones políticas representativas de los trabajadores. Pero los Sindicatos de Clase, la UGT, continuamos siendo por naturaleza el dique de contención contra las pretensiones irresponsables de la minoría social.

 

Los trabajadores y trabajadoras debemos unirnos frente a los que pretenden dividirnos. Tenemos que defender los derechos conseguidos a lo largo de la historia, derechos de todos, luchados y conseguidos con el esfuerzo, frente a los que confunden derechos con privilegios.

 

Privilegiados son los que viven sobradamente de las rentas de sus inversiones. Los que no tienen necesidad de sanidad pública porque económicamente no tienen problema en acudir privadamente a los mejores especialistas médicos. Privilegiados son los que no quieren una educación pública de calidad, pues hay mucha competencia en el mercado para sus hijos e hijas, a quienes les han pagado un título en una universidad privada.

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